Redacción

El Gobierno de México apoya con un abanico de herramientas el bienestar de la población, particularmente ante los retos que implica la contingencia sanitaria para la economía de los hogares mexicanos.

Desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció un mecanismo para la determinación de las tarifas eléctricas que pagan los usuarios residenciales de bajo consumo, que son el 90% de todos los consumidores, que asegura el cumplimiento de tres objetivos: primero, que las tarifas no aumenten más que la inflación; segundo, que los ajustes sean graduales; y tercero, que dichos ajustes sean predecibles.

No se están realizando cambios en el mecanismo ni en las tarifas. El Gobierno de México tiene como una de sus prioridades proteger el poder adquisitivo de la población y lo estamos cumpliendo.

En este sentido, y en el contexto de la contingencia derivada por el COVID-19, el 17 de abril la SHCP envió al Diario Oficial de la Federación una medida adicional para proteger el gasto de las familias.

Para evitar la dispersión y transmisión de la epidemia la Secretaría de Salud recomendó el resguardo domiciliario, por lo que buenas parte de la población está trabajando desde casa y ha dejado de salir a realizar actividades a la calle. Es posible que esta acción traiga un aumento en el consumo doméstico de energía eléctrica durante la contingencia.

Para evitar que dicho incremento signifique para los hogares una reclasificación a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), la SHCP emitió un Acuerdo por el cual la Comisión Federal de Electricidad no considerará los consumos de energía eléctrica realizados durante la emergencia sanitaria para determinar si a un hogar le corresponde la tarifa DAC.

Esta medida aplicará para los consumos realizados desde el 30 de marzo y hasta 7 días naturales después de se determine el fin de la emergencia sanitaria. Hay que aclarar que durante este periodo sí se realizaran reclasificaciones hacia tarifas más bajas, cuando corresponda.

Con esta acción, el Gobierno de México reafirma su responsabilidad de proteger la salud y la economía de las familias mexicanas ante la crisis sanitaria, y reafirma su compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas en términos reales.