Redacción 

Lo que en un principio se consideró una buena inversión como adquirir y ser dueño de un departamento en la Colonia Americana, se convirtió solo en un periplo de problemas e injusticias en donde constructoras y autoridades municipales, estatales junto con integrantes de Poder Judicial con la complicidad de notarios públicos de Guadalajara.

Esta historia de fraudes y artimañas inicia a finales del 2007, cuando la empresa Proyectos Inmobiliarios Condac S.A. de C. V. adquiere el inmueble ubicado en la calle Juan Ruiz de Alarcón 221, en la Colonia Americana, con la intención de edificar dos torres residenciales, lo que actualmente es el desarrollo residencial “Oliva Residence”, desarrollo que actualmente cuenta con innumerables juicios en proceso y gravámenes.

Algunos de los afectados sostienen que para poder edificar dichas torres, la constructora obtuvo dos créditos hipotecarios, otorgados en su momento por la sociedad hipotecaria, ahora en proceso de liquidación “Hipotecaria Su Casita”, para posteriormente obtener los permisos correspondientes y dar inicio a la pre venta.

Durante la construcción de las torres las irregularidades no se hicieron esperar cuando la constructora presentó serios problemas de liquidez aún y cuando había enajenado 24 unidades, por lo que se detuvo la edificación hasta que se contara con los recursos suficientes para continuar con la construcción, sin embargo, durante este tiempo algunos de los compradores se inconformaron y pidieron la devolución de las cantidades pagadas, lo cual acrecentó los problemas de liquidez de la constructora, que no pudo continuar con la construcción, así, como que tampoco pudo cubrir lo correspondiente al pago de las hipotecas, afectando no solo a compradores sino también a proveedores.

La construcción se realizó sin los cuidados necesarios, al grado de generar afectación en inmuebles colindantes, dejándolos inhabitables, con quienes se generaron convenios que no fueron respetaros ni cumplidos. Así algunas familias tuvieron que abandonar sus hogares ante los daños estructurales que les causaron a sus viviendas.

Debido al impago en el que cayó la constructora, diversos proveedores, así como la propia hipotecaria procedieron a reclamar en la vía judicial el pago de sus adeudos, sin embargo, ante la situación que presentaban las Torres, llegaron a un acuerdo con la propia constructora, en la cual generarían un esquema con la intención de cumplir con las obligaciones hacia los compradores, lo cual no fue del todo cierto.

Dicho esquema se trataba nada más de un entramado financiero, con la única intención de prolongar más una solución viable para los antiguos compradores de departamentos y tratar de ahuyentarlos con el objetivo de dificultarles la recuperación de su dinero o en todo caso de la entrega de la unidad habitacional adquirida, para así hacerse ilegalmente de la mayoría de unidades por medio de extorsiones y amenazas sin fundamento. Señalan que la actual constructora simplemente trata de desconocer los compromisos iniciales que fueron parte fundamental para la construcción de estos inmuebles.

Para lograr su cometido se constituyó un fideicomiso en el cual se instituyeron como primeros beneficiarios de la venta los proveedores y acreedores, en segundo término, los compradores ya reconocidos, además sin que estos últimos participaran en la constitución de dicho fideicomiso. Así mismo, a los compradores no se les reconoció la adquisición de un departamento, sino que solo les reconocieron su aportación.

Así las cosas, es de resaltar que han pasado trece años de que inició la construcción y preventa de las dos torres, en las cuales aún existiendo 24 compradores, siendo una de estas afectadas la presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García, quienes adquirieron una propiedad y que a la fecha se encuentran totalmente terminadas, sin embargo, es fecha que no pueden disfrutar de ese bien adquirido, y que refleja ineptitud o complicidad de las autoridades judiciales para hacer valer el estado de derecho.

Por si fuera poco existen peritajes, así como que dichos constructores tienen pleno conocimiento de diversos dictámenes periciales realizados, en los cuales se demuestra plenamente que el diseño y construcción de dichas estructuras no fueron realizados de la manera debida, por lo cual presentan fallas estructurales que no solo ponen en riesgo la estabilidad de dichas estructuras, sino la vida tanto de quienes pudieran habitarla, como de los propios transeúntes y los diversos vecinos de la zona, con lo que se pudiera generar diversas afectaciones de gran magnitud, lo cual denota evidentemente y justificada plenamente el nombre de “Las Torres Chuecas”, nombre que le ha sido asignado por los propios vecinos de la zona.

Es importante señalar que lo anterior además encuentra sustento en el hecho de que los propios constructores cambiaron arbitrariamente y sin darle el aviso correspondiente a la autoridad municipal, el proyecto con el cual se había tramitado y obtenido la licencia de edificación.

En una segunda publicación describiremos el modus operandi de las pseudo empresas constructoras que con artimañas legaloides defraudan y extorsionan a compradores de desarrollos inmobiliarios despojando de su patrimonio a decenas de familias tapatías, con la complicidad y apoyo de autoridades municipales, estatales, judiciales, así como de diversos notarios públicos.