Más de 13 años luchando por su patrimonio

Redacción

Tras casi 14 años luchando por un patrimonio que nunca les entregaron pero sí pagaron por él y ahora que los juzgados comienza a retomar sus actividades en medio de la pandemia de Covid-19, los compradores de al menos 24 departamentos desarrollo que en su momento se llamó “Alarcón Vertical” demandan justicia.

Este proceso que narran los abogados de los compradores de este desarrollo habitacional ubicado en la calle Juan Ruiz de Alarcón 221 en la colonia Americana en Guadalajara, y que en al iniciar se llamó “Alarcón Vertical”, hoy en día lleva el nombre de Oliva Residence y renombradas como las torres chuecas debido a los problemas estructurales que presentaron.

En el 2007 la empresa Proyectos Inmobiliarios Condac adquirió el predio y generó dos hipotecas con la empresa “Hipotecaria SuCasita” con el objetivo de capitalizarse para así dar inicio a la construcción de los más de 40 departamentos, sin embargo durante el proceso de construcción se presentaron diversos contratiempos, señalan los abogados.

Entre esos problemas están los daños a diversos inmuebles aledaños y que ocasionaron que fueran inhabitables, por lo que se generó una mayor carga financiara en contra de la constructora por tener que devolver los recursos a los compradores, vecinos afectados y proveedores.

Entre los proveedores estaban Armasel, propiedad de propiedad de Alberto Flores Espinoza y sus hijos Juan Carlos Flores Mejorada y Jorge Alberto Flores Mejorada (en su momento socios Ocean View), ellos vendieron todo el acero y materias primas que se utilizaron en la construcción de los departamentos.

Con esto se generó una cuenta por cobrar de más de 20 millones de pesos, recursos que no pudo liquidar la constructora original y eso provoco algunos juicios en su contra, a eso se le suma la deuda que se tenía por no pagar las hipotecas contraídas desde el inicio de la construcción.

Tras lo cual los involucrados llegaron a un acuerdo, entre ellos los titulares de las hipotecas, la familia Flores Mejorada y el constructor Alberto Arelle Sergent y su hijo Alejandro Arelle Frankl; para constituir un Fideicomiso pero se dejó a los 24 compradores en preventa hasta el último lugar y sólo respetándoles la cantidad aportada, sin considerar a los vecinos afectados a pesar de tener convenios de pago y reconocimiento de daños generados a los inmuebles, además de no entregar los departamentos señalados queriendo extorsionar a los compradores exigiendo más dinero por los departamentos ya liquidados y no entregados creando un doble fraude y extorsión por parte de los hermanos Flores Mejorada.

Según los abogados todo esto se constituye como algo ilegal, ya que no se tomó en consideración a los compradores en preventa. Dicho Fideicomiso fue realizado por Eduardo Ramos Menchaca, Notario Público número 88 de Guadalajara, el cual actualmente ya está también bajo un proceso jurídico.

Todo este proceso del fideicomiso fue elaborado por los socios del despacho Ramos y Hermosillo Abogados, hoy en día conocidos como Ramos Castillo Abogados; representados por José Pablo Ramos Castillo (hijo del Magistrado Federal en retiro, Hugo Ricardo Ramos Carrión) y Carlos Daniel Hermosillo Reséndiz, quienes también son socios de la fiduciaria denominada Prestomatic.

Agregan que dicho fideicomiso se hizo con la intención de que los compradores en preventa sólo aceptaran una parte de su dinero para así poder vender de nuevo las unidades habitacionales ya vendidas en el 2007, sin embargo ninguno de los 24 compradores en preventa aceptaron la propuesta ya que no fueron tomados en cuenta en la creación de esta figura.

Desde su punto de vista todo esto es un fraude y se llevó a cabo con la constitución de diversas sociedades, con lo que primero se pagaría a los proveedores, la hipotecaría y al último a los compradores en preventa.

Los afectados y sus representantes legales señalan que Carlos Daniel Hermosillo Reséndiz aparece en la lista de personas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones de la operación Agave Azul y el Operativo Python del Gobierno de Estados Unidos.

Se hace un llamado a las autoridades para que actúen de inmediato aplicando la ley, evitando con ello la certeza jurídica y garantizando el Estado de Derecho.