Por Jonathan Ruelas

Hace unos días la Asociación Civil “Mexicanos Contra la Corrupción” evidenció lo que podría ser el gran fracaso judicial en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” en el periodo 2006-2018 cuando gobernaron los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Según la investigación de las Asociación Civil en ese periodo se detuvieron 233 personas relacionadas con el crimen, la cual eran prioridad por ser miembros de la delincuencia organizada, específicamente de carteles del narcotráfico, de esos detenidos solo se tienen 13 sentencias irrevocables ante el Poder Judicial, y de esas trece, 10 de ellas fueron por delitos menores de portación de arma de fuego que van de 1 a 5 años de cárcel[1].

Mientras Calderón usó la “guerra contra el narco” con fines políticos, en el cual se exhibían a los presuntos delincuentes en ruedas de prensa y gran parte de la comunicación política desde los pinos giraba entorno a “detenciones” y “decomisos” a grupos delictivos. Con Peña Nieto continuó la “guerra” pero los “decomisos y detenciones” tomaron un papel secundario en la comunicación del ex mandatario. En la investigación de MCCI quedaron expuestas las instituciones o corporaciones policiacas que efectuaron dichos operativos, así como los ministerios públicos, magistrados y jueces relacionados con la liberación de los detenidos. Es increible que de 233 “objetivos prioritarios” solo hay 13 con sentencias irrevocables, lo que nos hace reflexionar que hay algo muy mal aquí y a la vez nos hace cuestionarnos ¿Qué pasó? aquí expongo dos respuestas:

La Simulación en el Combate y Detenciones: esto ya que algunas de las “capturas” pudieron ser acordadas y en la comunicación de las autoridades federales lo vendían como un “golpe” al crimen organizado ante los ciudadanos para generar la percepción de que “se  va ganando la guerra” Sin embargo, esas capturas acordadas debieron estar plagadas de inconsistencias por lo que violaban el debido proceso y los jueces los dejaban libres; siguiendo en este mismo tenor, no se descartan detenciones sin “arreglo” sobre todo a chivos expiatorios, delincuentes “puestos” por sus mismas organizaciones y personajes de poca monta donde lo importante era la detención para dar “resultados”, pero las autoridades que realizaban los operativos violaban los procesos y los delincuentes quedaban en libertad.

Corrupción y Colusión en el Poder Judicial: Si bien, no podemos generalizar afirmando que las todas las corporaciones de seguridad, Ejército y Marina que estuvieron inmiscuidas en las detenciones hicieron mal su trabajo. Esto nos obliga a incluir al Poder Judicial y los ministerios públicos por lo que tienen su grado de implicación en los hechos:  ya sea por corrupción (sobornos o colusión) o amenazas (plata o plomo). En palabras de Edgardo buscaglia, asesor de seguridad de la ONU quien ha insistido que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa (CDS) su forma de organización es horizontal: refiriéndose que además de tener conexiones internacionales, cuenta con cientos o miles de alianzas estratégicas en la sociedad civil organizada, estratos sociales de todos los niveles, sectores empresariales (sobre todo en el lavado de dinero) en las esferas gubernamentales (presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales y hasta regidores) incluso, en los sistemas de impartición de justicia. Esto nos da la sospecha que en el Poder Judicial el grado de infiltración que se tiene de grupos delictivos opera para influir en su toma de decisiones e inclinan la balanza dejando libre a sus miembros.

Este contexto nos da pie para analizar un caso muy reciente de “delincuentes” que fueron capturados al ser “objetivos prioritarios” y que nos dimos cuenta de que estaban libres al ser asesinados, y nos referimos al caso del “53” ex miembro y fundador del CJNG, a quién en junio de 2011 lo detuvieron elementos de la Policía Federal, en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga. A este personaje lo consideraron en su momento como  miembro fundador de ese cártel junto con Erick Valencia Salazar “85” y Nemesio Oseguera “El Mencho”.

En diciembre de 2015. cuatro años después de su captura el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca, le dictó una sentencia de 24 años de cárcel[2]. Sin embargo, en este año 2019 corrió la noticia de un tiroteo en un centro comercial en Zapopan, Jalisco. donde hubo dos víctimas mortales, la cual uno de ellos era ni más ni menos que el “53”. Este suceso trascendió y rápidamente salpicó al Poder Judicial porque cuatro años antes (2015) el “53” fue sentenciado a 24 años de cárcel. Una vez recibida su sentencia fue trasladado a un penal federal en Oaxaca, el cual se amparó y lo regresaron al penal del Altiplano en el Estado de México[3].

Este es tan solo uno de muchos otros casos donde exhiben la opacidad con la que operan los sistemas de impartición de justicia en el país. Esas decisiones en lo “oscurito” evidencian el gran fracaso judicial en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió el expresidente Felipe Calderón y que continuó su par Enrique Peña Nieto. La investigación de Mexicanos Primero Contra la Corrupción no debe ser tomada a la ligera, es claro que urge que los sistemas de impartición de justicia se reformen para eliminar la filtración de grupos delictivos,  la corrupción, colusión e impunidad, sin esto, el Poder Judicial seguirá ante el ojo de los ciudadanos como una de las instituciones más corruptas del país. Quedando muy lejos para garantizar un verdadero Estado de Derecho.

México necesita instituciones confiables y libres de intereses políticos y de grupo de la delincuencia organizada. Este fracaso pone en relieve que la guerra emprendida no tenía un diagnóstico amplio sobre el nivel de infiltración del narcotráfico en las instituciones del país: donde la violencia legítima del Estado para “contener” a los grupos delictivos generó más violencia y “daños colaterales”, los “objetivos prioritarios” que ocasionan la violencia fueron puestos en libertad sin darnos cuenta y que atender las causas de la inseguridad así como los programas de prevención fueron una mera fachada para simular que se atendía el problema.

La administración de López Obrador apuesta por atender la causas que originan la violencia e inseguridad, a lo menos así lo manifiesta su Plan Nacional de Desarrollo con los programas: Jóvenes Construyendo el Futuro y Becas Benito Juárez, Tandas del Bienestar entre otro. Algo diferente que en su momento se debe evaluar para ver los alcances de dichos programas, pero si no se tocan las estructuras de la narco-política, el lavado de dinero y no se limpian las instituciones de impartición de justicia, se corre el riesgo de que haya otro nuevo fracaso en este flagelo llamado narcotráfico.

[1] https://contralacorrupcion.mx/otro-fracaso-guerra-contra-narcotrafico/

[2] Más información: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1177510.dan-24-anos-de-carcel-a-el-53-fundador-del-cjng.html

[3] Más información https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190802/el-53-cjng-sentencia-libertad-altiplano-almoloya-el-mencho/