El lenguaje según la RAE es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con lo demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. La palabra “compañero, según la rae es la persona que se acompaña con otra para algún fin. La academia más importante del mundo hispanohablante define estos términos de manera objetiva y sin discriminación alguna. Habría que hacer una excepción para esta nueva ola del lenguaje, pero aún más importante, ¿Habría que tener una acción jurídica que avale esta misma ola?

 

A pesar de tener un gran número de simpatizantes y algunos intentos de promover ampliamente este nuevo lenguaje de manera obligatoria, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6to, menciona que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, provoque delito o perturbe el orden público. Este artículo puede favorecer a ambas partes, la parte simpatizante puede argumentar que les causa un daño moral e incluso psicológico que no les llamen de cierta forma, pero la manera en cómo se perciben es meramente una idea. Siguiendo por esta línea, el artículo 7mo de la misma Constitución, nos menciona que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Siendo así, que actualmente, mientras no se dañe la integridad de la otra persona, el llamarlo de cierta manera no ofensiva o usar sustantivos o adjetivos que a mi me parezcan correctos no es penado ni obligatorio en lo absoluto.

 

Ahora bien, tomando como referencia al artículo realizado por la página expansión, las empresas u organizaciones pueden incorporar este lenguaje en sus lineamientos internos como parte de su estrategia de inclusión laboral. Kair Vela, abogado laboral, dice que obligarte a decirle compañere a alguien, aunque esté estipulado en un reglamento de trabajo, es anticonstitucional, menciona que no hay regulación para esta deformación de las palabras y por eso está lejos de ser una realidad judicial.

Cerrando un poco con esto, Jorge Rosas, CEO de Recursos Humanos WeWow, explica la incongruencia de usar una “e”, en lugar de una “a”, si a la hora de tomar decisiones el líder solo escucha a los amigos o a sí mismo. Una estrategia de inclusión debe trazar acciones concretas y congruentes que soluciones problemas. No cambiar el lenguaje sin tener alguna acción que cambie el rumbo de su causa.

Además de ya tener el significado del lenguaje por la RAE, se debe de entender que el lenguaje va mucho más allá, ya que es el elemento que más influye en la formación del pensamiento de una sociedad, manifiesta notablemente la desigualdad al ocultar a las minorías en su uso cotidiano. En si la lengua no tiene un afán o sentido discriminatorio o sexista, aunque si lo es el modo en el que le damos uso; de ahí la única forma de cambiar el mismo, es sensibilizando y haciendo visible el contexto del que deriva, ofreciendo alternativas concretas y facilitando su utilización.

El derecho mexicano está dedicado a promover de manera intensa dicho lenguaje inclusivo. En plena investigación pude encontrar diversos informes y artículos proporcionado por el mismo gobierno e incluso por las administraciones de los diferentes estados de México, en donde se encuentran un sin fin de recomendaciones y alternativas para cambiar la percepción de la audiencia mexicana.

Dándole cierre al tema, considero que el derecho debe de condicionar al lenguaje hasta cierto punto. Con esto me refiero, a que el lenguaje español está perfectamente establecido, además de que cuenta con una inmensa variedad de sustantivos para lograr encontrar la palabra justa. Si dejamos que el lenguaje condicione al derecho, estaremos obligados a regular palabras irregulables, modificar una gran cantidad de normas y concentrar el esfuerzo mexicano a modificar ciertos asuntos que no mejorarán ni el bien común, ni el bien en las minorías. El derecho siempre debe de aspirar al bien común, pero sobretodo debe aspirar al equilibrio de las condiciones entre todos. Mientras que las personas que apoyen al movimiento pueden promover estos asuntos de manera extenuante, el derecho mexicano deberá concentrarse no en el lenguaje sino en la parte fáctica, especialmente en los casos de desigualdad e inequidad.