• El diputado por Jalisco, Juan Carlos Villarreal, explica que el objetivo es tener más y mejores elementos en el combate al crimen organizado

Gabriela Godínez García

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio que establece los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes que les sean arrebatados a la delincuencia, como al narcotráfico.

El diputado federal por Jalisco, Juan Carlos Villarreal Salazar, , durante su posicionamiento manifestó sobre la importancia de que los gobiernos, tanto federal como local, tengan las herramientas para poder combatir a la delincuencia organizada en nuestro país, no solamente en el tema de la aplicación de las sanciones en materia penal, sino también puedan incautar y disponer, en beneficio de la sociedad de los bienes que son producto de la actividad ilícita.

Añadió que la extinción de dominio es un avance para que el estado mexicano pueda combatir de manera más efectiva los actos ilícitos e ir contra la inseguridad y la corrupción con mucha mayor eficacia.

El legislador emecista, durante su participación en tribuna durante la discusión de la iniciativa, añadió que, “del análisis del dictamen de la ley de extinción de dominio, advertimos que la ampliación del catálogo de delitos para poder ejecutar esta acción, deja en la sola presunción o buena fe el poder ejecutar esta acción conforme al artículo 226 de la ley en contra de personas que, por su condición vulnerable frente a los grandes delincuentes de cuello blanco o delincuencia organizada, está en desventaja para probar la legitimidad o licitud de sus bienes, ya que corresponde únicamente al ciudadano desvirtuar ante la representación social la propiedad del bien material de la acción de extensión de dominio”.

Villarreal Salazar indicó que la autoridad competente deberá estar atenta a que esto no suceda y que no sea utilizada de manera incorrecta dicha acción, para que en la práctica no sea que quien tiene más recursos económicos pueda ser quien pueda demostrar la licitud de sus bienes.

El dato. El legislador es secretario de las comisiones de Justicia, Sección Instructora, Transparencia y Anticorrupción, e integrante de la comisión Jurisdiccional y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.