Redacción

Los funcionarios estatales y municipales que propicien, por acción u
omisión, un endeudamiento indebido de las finanzas públicas del Estado
y/o Municipio para el que trabajan, deben ser sancionados bajo el
precepto de falta administrativa grave, lo cual implica un incremento
substancial de las sanciones. Para tal efecto, el Diputado Federal por
el Distrito 07 de Jalisco, Juan Carlos Villarreal, presentó ante la Mesa
Directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión una iniciativa de
reforma de ley, misma que se canalizó a comisiones.
La propuesta de reforma, enfatiza que el objetivo de la misma es
prevenir y combatir el endeudamiento indebido de las entidades
federativas y los municipios.
Durante su presentación al pleno, Villarreal Salazar puntualizó que una
de las problemáticas que subsisten en México tiene que ver con la
omisión del cumplimiento de la norma, opacidad y derroche por parte de
autoridades municipales en el manejo de recursos públicos, desde el
momento en el que son asignados hasta que son utilizados.
“Las consecuencias de estas irregularidades se reflejan en cuestiones
que afectan directamente a la ciudadanía por la falta de obra pública
como pavimentación o servicios de alumbrado, así como la ineficacia de
la operación policial. Lo anterior, toda vez que el municipio o las
alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, son el primer contacto que
la población tiene con el Estado mexicano”.
En el estudio “Obligaciones Financieras de los Municipios de México.
Primer Trimestre de 2019”, elaborado por el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se señala que en los
últimos diez años se aprecia un notable endeudamiento en los municipios
de nuestro país
El Diputado federal tonalteca apuntó que evidencia de esta grave
problemática es que del primer trimestre de 2009 al mismo periodo de
2019, el saldo de la deuda municipal registra un aumento de 21 mil 844.5
millones de pesos (mdp), ello al pasar de 22 mil 941.8 mdp a 44 mil
786.3 mdp, precisando que en esta etapa el crecimiento del saldo de las
obligaciones financieras de los municipios de nuestro país fue de 26.6%
en términos reales, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas. (20/06/19). Obligaciones Financieras de los Municipios de
México. Primer Trimestre de 2019. Cámara de Diputados.

“Sin considerar la deuda de sus entes públicos, el propio estudio indica
que los 10 municipios más endeudados del país concentran más de un
tercio (36.7%) del total de la deuda de este nivel de gobierno”, dijo.
El endeudamiento como porcentaje de sus ingresos totales proviene de las
leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018, sin incluir
los ingresos derivados de financiamientos.
Otro dato para destacar es que, de los casi 2 mil 500 municipios que hay
en México, apenas 561 cuentan con su deuda inscrita en el Registro
Público Único de Financiamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Esta última cuestión pone en evidencia la mínima e insuficiente cultura
de la transparencia y rendición de cuentas que existe en los municipios,
pues precisamente la implementación del Registro Público Único de
Financiamientos de la SHCP, que comenzó el 1 de noviembre de 2016 como
parte de la implementación de la Ley de Disciplina Financiera del el 27
de abril de 2016, surgió con el objetivo de inscribir y transparentar la
totalidad de las obligaciones de las entidades federativas, los
municipios y sus entes públicos.
En contraste, lamenta Villarreal Salazar, impera la opacidad para
informar los niveles de deuda y cumplir con sus estados financieros,
asimismo, se aprecian deficientes controles internos e inadecuada o
carente planeación. Si bien es cierto que desde que comenzó la
implementación de las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se han
conseguido avances, también lo es que se mantienen inconsistencias en el
flujo de información en cuestiones como el manejo de recursos
etiquetados y el reporte de pasivos.
El Informe de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), indica que al cierre de 2017 el saldo de la deuda
pública municipal reportado por la SHCP ascendió a 45 mil 183.5 mdp. De
los 2 mil 458 municipios que hay en México, 22 de ellos, concentraron el
50.2% (22 mil 691.1 mdp) de la deuda pública municipal total.
En la fiscalización practicada a los recursos de la Cuenta Pública 2017,
el monto total observado en las auditorías a las Participaciones
Federales en municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México
ascendió a 2 mil 812.4 mdp, los cuales corresponden a recuperaciones
determinadas y montos por aclarar.
Las recuperaciones determinadas por 2 mil 377.8 mdp, las cuales se
componen por 2 mil 273.5 mdp de recuperaciones probables y 104.2 mdp,
correspondientes a reintegros efectuados a la cuenta de origen de las
participaciones, clasificados como recuperaciones operadas. Además, se
identificaron 434.6 mdp correspondientes a montos por aclarar. Todo ello
según el documento de la Auditoría Superior de la Federación. (Febrero
de 2019). Participaciones Federales Ramo General 33. Resultados de su
Fiscalización Cuenta Pública 2017.
En forma precisa, la propuesta legislativa de Juan Carlos Villarreal
subraya que “en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
consideramos apremiante fortalecer los mecanismos institucionales y
jurídicos para prevenir y combatir de manera efectiva el endeudamiento
indebido de las entidades federativas y los municipios, por ello, el
objetivo de la presente iniciativa es incluir esta conducta dentro del
catálogo de las faltas administrativas graves y con ello aumentar las
sanciones a los funcionarios públicos que por acción u omisión sean
responsables de este ilícito.
Actualmente las acciones u omisiones de los funcionarios que deriven en
el endeudamiento indebido de los municipios (el endeudamiento público
que no cumple con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción
VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano y/o en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios) no figura dentro del catálogo de faltas
administrativas graves, por los que incurran en dicha conducta no son
sujetos de las sanciones contenidas en el Capítulo II del Título Cuarto
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ante esta problemática, proponemos en primer lugar, adicionar un
artículo 64. Ter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
para quedar en los siguientes términos: Son faltas administrativas
graves las violaciones a las disposiciones sobre disciplina financiera
establecidas en el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 117
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o en la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Al formar parte del catálogo de faltas administrativas graves,
entendidas como: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos
catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción
corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus
homólogos en las entidades federativas, el incumplimiento del precepto
jurídico contenido en la fracción VIII del artículo 117 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será motivo de
alguna de las sanciones previstas en el Capítulo II del Título Cuarto de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas que en términos del
artículo 78 de dicho ordenamiento jurídico consistirán en: suspensión
del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión;
sanción económica; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público y para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Asimismo, en el artículo 79 de la Ley en comento se señala que: En el
caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor
público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de
las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá
sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios
obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser
menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos.
Cabe mencionar que la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano, señala que: Los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones
del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados,
empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados,
adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los
Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las
legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en
esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las
mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la
cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir
gasto corriente.